El siguiente artículo forma parte de la serie de publicaciones sobre Perspectivas GovTech, escritas por los fellows del programa GovTech LATAM. Las opiniones y puntos de vista expresados en este contenido corresponden únicamente al autor y no representan necesariamente la posición del IE PublicTech Lab ni de BID Lab. El propósito de estas publicaciones es fomentar el debate y la reflexión en torno al ecosistema GovTech en América Latina. Cualquier error u omisión es responsabilidad exclusiva del autor.
Autor: Joaquin Santuber
El uso de inteligencia artificial (IA) ha tomado relevancia en el último año debido a la masificación de la IA generativa y los famosos Chat-GPTs. Sin embargo, el uso de IA en el sector justicia en Latinoamérica tiene una historia más larga que incluye compra de tecnología de un país a otro, siendo un excelente ejemplo de activación del ecosistema regional de innovación en justicia. Si bien el sector justicia es comúnmente visto como el último bastión de resistencia a la innovación, este caso nos enseña lo contrario. Esta es la historia de PretorIA, un modelo de inteligencia artificial adoptado por la Corte Constitucional de Colombia, comprado en el 2018 al Laboratorio de Inteligencia Artificial de la Universidad de Buenos Aires (IALAB)[1], que originalmente lo desarrolló para la fiscalía de la capital argentina. El modelo original utilizado en Argentina es Prometea, que cumple la función de clasificar, predecir y preparar resoluciones judiciales, generando una ganancia que según una publicación del BID llegó a reducir “90 minutos a 1 minuto (99%) para la resolución de un pliego de contrataciones, otra de 167 días a 38 días (77%) para procesos de requerimiento a juicio, y de 190 días a 42 días (78%) para amparos habitacionales con citación de terceros, entre otros.” [2] Los procesos de desarrollo y compra de tecnología en sector justicia, nos muestra un espejismo con procesos similares en ecosistemas de GovTech, resaltando las sinergias entre uno y otro, haciendo parte ambos de un ecosistema mayor de innovación pública.
En un primer proyecto piloto, facilitado por la Universidad del Rosario, la Corte Constitucional y el IALAB crearon un espacio de aprendizaje para conocer las oportunidades de mejorar los procesos internos de la Corte, así como los desafíos que los documentos de la Corte presentaba a un modelo LLM de IA como Pretoria[3]. Lejos de ser un simple proceso de aplicación del sistema argentino al contexto colombiano (conocido en inglés como algorithm translation), la implementación del mismo tomó un camino más largo que llevó a ajustar Prometea a las necesidades de la Corte Constitucional.
El caso de Pretoria fue posible gracias a la existencia de una red “Alianza Liderazgo Transformacional por el Sector Justicia: Innovación y Valores para el Cambio”, que incluía actores públicos, privados y de la academia, tanto nacionales como extranjeros[4]. La Alianza, logró dar financiamiento aportado por la Cámara de Comercio de Bogotá (US$40.000) al Fast Track Institute para la búsqueda de una solución innovadora para el sector justicia a través de un concurso en el cual distintas propuestas se presentaron (NYU, MIT, IALAB, entre otros), resultando ganadora la propuesta del IALAb que ya llevaba trabajando con la Corte en el programa piloto por lo que conocía las particularidades del contexto al cual se aplicaría: la acción de tutela.
La tutela, es un instrumento que tienen los ciudadanos colombianos para hacer valer sus derechos fundamentales por via judicial, desde el pago de los medicamentos para un tratamiento de salud hasta casos más complejos como aborto y eutanasia. Debido a ser un instrumento para ser accesible, se ha transformado en el mecanismo predilecto de los millones de colombianas y colombianos, tanto así que en el ano 2023 se interpusieron 729.614 tutelas, es decir prácticamente dos mil tutelas al día. Si bien estas se interponen en los juzgados locales, la Corte Constitucional de Colombia debe revisar todas las tutelas, seleccionar las más relevantes y decidir sobre un punado de ellas. La selección de tutelas es una tarea sobrehumana, buscar una aguja en un pajar.
Ante este desafío, la capacidad de clasificar documentos de Prometea, respondía a una necesidad real de la Corte Constitucional, por lo que se echó a andar el proceso de este modelo en Pretoria con la participación de distintos actores del ecosistema. Por su parte, la Corte creó un grupo interno de expertos en IA y ciencia de datos para los aspectos técnicos. Debido a que el reto de la Corte era en la selección y no la preparación o decisión de las resoluciones judiciales, se tomó sólo los módulos de IA de Prometea dedicados a esto y se descartó el uso del componente predictivo. Con esto, en el 2020 se inició el uso de PretorIA.
Sin embargo, toda nueva tecnología trae procesos de cambio organizacionales que involucran a funcionarios y funcionarias acostumbrados a otro sistema. Ante este desafío, en el año 2020 la Corte buscó ayuda nuevamente en el ecosistema de innovación, esta vez en el Laboratorio de Diseño para la Justicia (LabJusticia)[5], una iniciativa conjunta de la escuela de diseño, ingeniería y Derecho. En este proyecto, el reto consistía en mejorar la experiencia de usuario (UX) e interfaz (UI) de PretorIA para facilitar la adopción de esta herramienta por parte de los funcionarios de la Corte Constitucional, y así aumentar la eficiencia del proceso de selección de tutelas. Durante un semestre los estudiantes trabajaron con la Corte para desarrollar un plug-in llamado PretorIA PLUS+ el cual “busca facilitar el trabajo de las personas que interactuan con PretorIA, por medio de mensajes explicativos tipo Pop-up, video tutoriales cortos y consejos de otros usuarios.”[6]
El caso de Pretoria en Colombia ejemplifica el desarrollo de un ecosistema regional de innovación, concebido como un "mercado de mercados" donde se generan sinergias tanto entre países como con otros servicios públicos en busca de soluciones innovadoras. Este ecosistema, que incluye el ámbito de justicia, forma parte de una red más amplia de GovTech que facilita respuestas integrales a las necesidades ciudadanas, superando la separación de los poderes del Estado. La experiencia del usuario, orientada a resolver problemáticas de forma integral, refleja cómo una solución innovadora puede recorrer un extenso camino: desde su identificación y el desarrollo de un programa piloto, hasta el involucramiento de gestores e inversionistas privados, concursos de innovación, implementación y mejora continua. Este proceso, aunque complejo, genera un impacto real en los ciudadanos, como los casi 7 millones de colombianos que recurren a la tutela cada año para proteger sus derechos fundamentales.
Referencias
[2] Elsa Estevez, Pablo Fillotrani and Sebastián Linares Lejarraga, PROMETEA: Transformando La Administración de Justicia Con Herramientas de Inteligencia Artificial (Inter-American Development Bank 2020) https://publications.iadb.org/es/prometea-transformando-la-administracion-de-justicia-con-herramientas-de-inteligencia-artificial accessed 9 September 2024.
[3] Para un análisis detallado y crítico sobre este proceso ver “PretorIA y la automatización del procesamiento de causas de derechos humanos” por Víctor Saavedra y Juan Carlos Upegui disponible en https://www.dejusticia.org/publication/pretoria-y-la-automatizacion-del-procesamiento-de-causas-de-derechos-humanos/ accessed 9 September 2024.
[4] Entre los gestores de la alianza encontramos: Bancolombia, Cafam, Cámara de Comercio de Bogotá, Colsubsidio, Corferias, IALAB Dalai Lama Center for Ethics and Transformative Values del MIT, Fastrack Institute, Corona Davivienda y Fundación Bolívar, Ecopetrol, Grupo Enel, Terpel, y Universidad del Rosario.
[5] https://labjusticia.uniandes.edu.co/index.html
[6] https://labjusticia.uniandes.edu.co/proyectoI10.html
